Un canal de denuncias sin tutela profesional puede convertirse en un riesgo mayor que no tenerlo.
Durante el último año, miles de pymes españolas han empezado a implantar canales de denuncias internas para cumplir con la Ley de protección del informante, que obliga a las empresas de 50 o más trabajadores, y a determinadas entidades públicas y privadas, a disponer de un sistema interno de información seguro, confidencial y libre de represalias. Muchas empresas creen haber cumplido con instalar una plataforma, pero cuando llega la primera denuncia descubren que no tienen protocolo de actuación, ni criterio jurídico para decidir si la comunicación constituye acoso, irregularidad o mera queja. En ese momento, el «cumplimiento exprés» se transforma en un riesgo. Aunque la ley no obliga a que un abogado gestione el canal, sí es altamente recomendable que lo supervise o lo integre dentro de un sistema de compliance tutelado por un profesional jurídico.
