El Parlamento andorrano aprueba una reforma histórica, marcando el fin definitivo de su etapa como un refugio fiscal de fácil acceso. La nueva normativa endurece severamente los requisitos para la residencia pasiva. A partir de su entrada en vigor, será obligatoria una inversión de un millón de euros en activos andorranos, o bien un mínimo de 800.000 € por unidad si se opta por el sector inmobiliario (con una alternativa de 400.000 € a través del Fondo de la Vivienda). El cambio más polémico, sin embargo, es la eliminación del depósito reembolsable ante la AFA. Este será sustituido por un pago al Estado no recuperable de 50.000 € para el solicitante principal y 12.000 € por cada dependiente, un coste que también afectará a los nuevos residentes activos por cuenta propia. A pesar del endurecimiento general, la ley contempla excepciones.
Editar el contenido
